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Salamanca, España
El presente trabajo tiene por objeto conocer los ajustes de procedimiento que se desarrollan durante los procesos judiciales ante hechos constitutivos de abuso o agresión sexual cuando la víctima presenta una discapacidad intelectual o del desarrollo (DID). Además, analiza las características de víctimas con DID y agresores, aportando información adicional sobre el proceso de denuncia. Para ello, se analizaron un total de 56 sentencias resueltas en un periodo de cuatro años (2014-2018), extrayendo información objetiva de las mismas con respecto a los aspectos más relevantes referidos a la víctima, el delito, el agresor y al proceso judicial. Del análisis realizado podemos concluir la existencia de multitud de obstáculos que aún siguen presentes en la práctica judicial española, siendo necesaria una formación exhaustiva de las personas vinculadas a los sistemas procesales en aspectos referidos a esta discapacidad: la víctima declara en reiteradas ocasiones, especialmente cuando se juzga un delito de agresión sexual, sin ningún tipo de adaptación o apoyo profesional. Señalamos asimismo la necesidad de evaluar la huella psicológica que pudiera presentar la víctima, así como desterrar mitos con respecto a las discapacidades del desarrollo que dificultan el derecho a acceder y participar en los procedimientos judiciales en condiciones de igualdad.
The following paper aims to analyze the provision of procedural accommodations during the legal process to victims of sexual abuse or sexual assault withan intellectual or developmental disability (IDD). It also examines the characteristics of victims with IDD and their aggressors, providing additional information on the reporting process. To this end, a total of 56 sentences resolved over a period of four years (2014-2018) were analyzed, extracting objective information regarding the most relevant aspects of the crime committed, the victim, the aggressor, and the legal process. The obtained results showed the existence of different obstacles that are still present in the Spanish jurisprudence, requiring an appropriate training for those working in the field of administration of justice: the victim declares repeatedly, especially when a crime of sexual assault is being judged, and without any type of accommodation or professional support. We also point out the need to evaluate the psychological consequences that the victim may experience, and to dispel myths regarding developmental disabilities that hinder access and participation in legal proceedings under equal conditions.
