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Pamplona, España
El Estado español cuenta con un marco normativo sólido y avanzado en materia de violencia de género desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. La realidad de su implementación en la práctica, sin embargo, presenta aún desafíos importantes. En lo que respecta a la intervención psicosocial y los recorridos judiciales persisten lagunas y desajustes que dificultan que los objetivos de la ley se materialicen de forma efectiva.
Partiendo de esta constatación, se exploran aquí las tensiones existentes entre el marco normativo estatal y la práctica profesional en Navarra. Para ello, se realizaron dos grupos de discusión con profesionales de perfiles diversos, asegurando la representación del conjunto de recursos especializados para víctimas de violencia de género existentes en la Comunidad Foral.
En este proceso, se identificaron carencias estructurales en los recursos y servicios (listas de esperas prolongadas, limitaciones en los tiempos y contenidos de las intervenciones, etc.) que menoscaban el derecho a la atención y recuperación integral que establece la ley. También existen importantes carencias en la formación de profesionales, especialmente en el ámbito jurídico y en los servicios no especializados. Asimismo, el sistema de intervención sigue sin incorporar plenamente a la infancia y continúa dejando a los y las menores al margen. Por último, constatamos que no solo no se garantiza la recuperación integral de las mujeres y sus hijas e hijos, objetivo central de la Ley, sino que con frecuencia se generan nuevas formas de victimización.
Spain has had a solid and advanced gender violence regulatory framework since the approval of Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. However, the implementation of the framework still presents significant challenges. Certain gaps and inconsistencies in psychosocial intervention and judicial proceedings hinder the effective achievement of the law’s aims. Based on this observation, this article explores the tensions between the state regulatory framework and professional practice in the region of Navarre. Two discussion groups were held with professionals from a variety of backgrounds, ensuring the representation of all specialized resources in the region aimed at victims of gender-based violence. First, we identified structural deficiencies in resources and services (including long waiting lists and unjustifiable limitations on the timing and content of psychological interventions) that undermine the legal right to comprehensive care and recovery. There are also significant shortfalls in professional training, especially in the legal field and in non-specialized services. Furthermore, the intervention system still does not fully incorporate children and continues to ignore them. Finally, we found that in addition to the central aim of the law, the comprehensive recovery of women and their children, not being guaranteed, new forms of victimization are often also generated.
