Acceso usuarios
Martina Eva Garcia, María Eugenia Sotelo
En 2018 se sancionó en Uruguay la Ley No. 19,641 sobre creación y declaración de Sitios de Memoria Histórica del Pasado Reciente, promovida por el trabajo político de la sociedad civil organizada (colectivos de víctimas, familiares, activistas de la memoria y los derechos humanos, y sindicatos). El objetivo de este trabajo fue conocer y caracterizar la implementación de dicha normativa. Para esto, se analizaron cuantitativa y cualitativamente las características de los 44 lugares señalizados (homenaje o espacio represivo) y declarados como sitio de memoria (SM) entre 2018 y 2022. Los resultados muestran que la mayoría de estos constituyen marcas descentralizadas y que una mínima proporción de ellos se encuentra abierta al público. A su vez, los lugares donde se cometieron delitos de lesa humanidad son diferenciados en la práctica, no por su naturaleza, sino por su tipo de resolución (declaración de SM o señalización). Esto ha permitido concluir, que la implementación de la ley no ha mostrado -salvo en escasas excepciones-, la recuperación y refuncionalización en SM de los lugares auténticos.
In 2018, Law No. 19,641 on the creation and declaration of Sites of Historical Memory of the Recent Past was sanctioned in Uruguay, promoted by the political work of organized civil society (victims' collectives, family members, memory and human rights activists, and trade unions). The objective of this work was to know and characterize the implementation of such regulations. For this, quantitative and qualitative characteristics of the 44 places marked (tribute or repressive space) and declared as a site of memory (SM) between 2018 and 2022. The results show that most of these constitute decentralized markers, and that a minimal proportion of SMs are open to the public. In turn, the sites where crimes against humanity were committed are differentiated in practice, not by their nature, but by their type of resolution (declaration of SM or marking). This has led to the conclusion that the implementation of the law has not shown, with few exceptions, the recovery and refunctionalization of authentic sites in SM
