Carmen Cuadrado Salinas
El derecho de acceso a la justicia, como derecho fundamental de carácter universal para todas las personas, exige que la participación del individuo, y de forma muy específica, el de la víctima especialmente vulnerable, sea efectiva a lo largo del proceso penal, mediante los instrumentos de apoyo y protección que se consideren adecuados. Así se establece de forma clara y precisa tanto en las previsiones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como en la normativa europea que, en particular desde comienzos de este siglo XXI, se ha venido elaborando con carácter obligatorio para los Estados miembros. A lo largo de este trabajo se analizan las normas que gobiernan estos derechos para evaluar, a través de los mismos, las garantías que rodean la deposición de testigos víctimas especialmente vulnerables a través de la prueba preconstituida.
The right of access to justice, as a fundamental right of universal character for all people, requires that the participation of the individual, and in a very specific way, that of the especially vulnerable victim, be effective throughout the criminal process, through measures for support and protection that are considered the most appropriate. This is established clearly and precisely both in the provisions of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and in the European regulations that, particularly since the beginning of this 21st century, have been developed on a mandatory basis for Member States. Throughout this work, the norms that govern these rights are analyzed to evaluate, through them, the guarantees that surround the testimony of the especially vulnerable victim witnesses through pre-recorder evidence.