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Maitena Poelemans de Lara, Gema Varona Martínez
La Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de la UniónEuropea (UE), de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, supuso un hito en el reconocimiento formal de un conjunto de derechos, procesales y extraprocesales, para las víctimas de delitos. Sin embargo, fue calificada por algunos expertos como un brindis al sol, al no contar con medios necesarios, tanto materiales como personales, y no haberse producido un cambio en las culturas profesionales legales. Ante el hecho de su incumplimiento en muchos países, en junio de 2020, la Comisión adoptó la Estrategia de la UE sobre los Derechos de las Víctimas (2020-2025) para garantizar el acceso a la justicia de todas las víctimas, independientemente del lugar de la UE o de las circunstancias en que se cometa el delito. La Estrategia estableció una serie de medidas no legislativas en relación con los derechos de las víctimas, incluida una revisión de la Directiva, y previó que la Comisión evaluase su impacto y presentara una propuesta legislativa para actualizarla. Esta propuesta se realizó en julio de 2023 y este artículo descriptivo analiza sus implicaciones desde una perspectivageneral comparada.
Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of the European Union (EU) of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA was a milestone in the formal recognition of a set of procedural and extraprocedural rights for victims of crime. However, some experts described it as an empty promise because it did not foresee the necessary means, both material and personal, as well as the necessary change in legal professional cultures. Faced with the fact of its non-compliance in many countries, in June 2020, the Commission adopted the EU Strategy on Victims’ Rights (2020-2025) to ensure access to justice for all victims, regardless of the place of the commission of the crime in the EU or the circumstances in which the crime was committed. The Strategy set out a number of non-legislative measures in relation to victims’ rights, including the review of the Directive, and provided for the Commission to assess its impact and to submit a legislative proposal to update it. The Commission presented its proposal in July 2023. This descriptive article analyzes its implications from a general comparative perspective.
