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Gabriela Acurio Torres, Álvaro Montes, Blanca Cea, Mercedes Novo Pérez
Antecedentes/objetivo: Legalmente se ha proporcionado a los juzgados, como herramienta para evitar la revictimización en casos de violencia de género, la adopción de medidas de protección y asistenciales a víctimas. Sin embargo, los estudios acerca de su eficacia son inconcluyentes, encontrándose efectos no significativos o de tamaño pequeño. Ahora bien, los efectos sobre los daños psicológicos (victimización) no han sido igualmente estudiados. Se diseñó un estudio de campo para conocer los efectos de estas medidas judiciales, así como de la propia denuncia judicial en el bienestar psicológico de las víctimas. Método: Participaron 136 mujeres residentes en Ecuador, que habían concluido un proceso judicial por violencia de género y que respondieron a un listado sobre la aplicación de 17 medidas de protección y asistenciales recogidas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Además, se les administró el SCL 90-R para conocer el bienestar psicológico en dos condiciones temporales: medida pre- y post-proceso judicial. Resultados: Los resultados advirtieron que sólo 6 de las 9 medidas de protección se aplicaron de forma productiva, en tanto que las medidas asistenciales sólo se implementaron de modo trivial (insignificante). Sobre los efectos en el bienestar, los resultados revelaron un efecto significativo para el proceso judicial (denuncia), pero no así para la implementación de medidas de protección, asistenciales, ni para la interacción entre el proceso judicial y la implementación de medidas de protección y asistenciales. Los efectos del factor proceso judicial fueron positivos (mejoría), significativos y de una magnitud grande (d ≥ 0.80) en somatización, obsesivo-compulsivo, sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad generalizada, ansiedad fóbica e ideación paranoide; y con un tamaño del efecto entre moderado y grande (0.50 ≤ d < 0.80) en las dimensiones hostilidad y psicoticismo. Conclusiones: Se discuten las implicaciones de la falta de efecto de la implementación de medidas de protección y asistenciales en el bienestar psicológico, así como los efectos positivos del proceso judicial (denuncia, confrontación con el maltratador) en el bienestar de las denunciantes-víctimas.
As a tool in order to avoid re-victimi-zation in cases of gender-based violence, the courts have been legally provided with the adoption of protective and assistance orders for victims. Nevertheless, studies about its effectiveness are inconclusive, finding non-significant or small effects. Even so, effects on psychological harm (victimization) have not been equally studied. A field study was designed to find out the effects of these judicial measures, as well as of the judicial complaint itself, about the psychological well-being of the victims. Method: 136 women residing in Ecuador whose had completed a judi-cial process for gender violence and who responded to a list on the application of 17 protection and assistance or-ders included in the Ecuadorian legal system participated in the study. In addition, they were administered the SCL 90-R to ascertain their psychological well-being in two temporary conditions: pre-and post-court proceedings. Results: The results showed that only sixof the nineprotection measures were implemented productively, while welfare measures were implemented only trivially (insignificantly). Regarding the effects on well-being, the results revealed a significant effect for the judicial process (denunciation), but not for the implementation of protec-tion and assistance orders, nor for the interaction between the judicial process and the implementation of protection and assistance orders. The effects of the judicial process factor were positive (improvement), significant and of a large magnitude (d≥0.80) in Somatization, Obsessive-Compulsive, Interpersonal Sensitivity, Depression, Generalized Anxiety, Phobic Anxiety,and Paranoid Ideation;and with a moderate to large effect size (0.50 ≤d< 0.80) in the Hostilityand Psychoticismdimensions. Conclusions: The implications of the lack of effect of the implementation of protective and welfare measures on psychological well-being are discussed, as well as the positive effects of the judicial process (reporting, confrontation with the abuser) on the well-being of complainant-victims.
