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De conformidad con lo dispuesto en el Preámbulo de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la lucha contra la violencia en la infancia es un imperativo de derechos humanos. Para promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño es absolutamente esencial asegurar y promover el respeto de su dignidad humana e integridad física y psicológica, mediante la prevención de toda forma de violencia. La protección de las personas menores de edad es una obligación prioritaria de los poderes públicos, reconocida en el artículo 39 de la Constitución Española y en diversos tratados internacionales, entre los que destaca la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España en 1990. La violencia sobre personas menores de edad es una triste realidad y extendida a pluralidad de frentes. En numerosas ocasiones puede pasar por la intimidad de los ámbitos en los que tiene lugar, tal es el caso de las esferas familiar y escolar, entornos en los que suceden la mayor parte de los incidentes y que, en todo caso, debieran ser marcos de seguridad y desarrollo personal. Además, es frecuente que en estos escenarios de violencia confluyan variables sociológicas, educativas, culturales, sanitarias, económicas, administrativas y jurídicas, lo que obliga a que cualquier aproximación legislativa sobre la cuestión requiera un amplio enfoque multidisciplinar. Esta nueva Ley combate la violencia sobre la infancia y la adolescencia desde una aproximación integral, en una respuesta extensa a la naturaleza multidimensional de sus factores de riesgo y consecuencias. Desde una perspectiva didáctica, otorga una prioridad esencial a la prevención, la socialización y la educación, tanto entre las personas menores de edad como entre las familias y la propia sociedad civil. También se establecen medidas de protección, detección precoz, asistencia, reintegración de derechos vulnerados y recuperación de la víctima, que encuentran su inspiración en los modelos integrales de atención identificados como buenas prácticas a la hora de evitar la victimización secundaria.
In accordance with the Preamble of Organic Law 8/2021 of 4 June on the protection of children and adolescents against violence, the fight against violence against children is a human rights imperative. To promote the rights of children and adolescents enshrined in the Convention on the Rights of the Child, it is essential to ensure and promote respect for their human dignity and physical and psychological integrity by preventing all forms of violence. The protection of minors is a priority obligation of the public authorities, recognised in Article 39 of the Spanish Constitution and in various international treaties, including the Convention on the Rights of the Child, adopted by the United Nations General Assembly on 20 November 1989 and ratified by Spain in 1990. Violence against minors is a sad reality and extended to a plurality of fronts. It can go unnoticed on numerous occasions due to the intimacy of the environments in which it takes place, such as the family and school spheres, environments in which most incidents occur and which, in any case, should be frameworks of security and personal development for children and adolescents. Moreover, sociological, educational, cultural, health, health, economic, administrative and legal variables often converge in these scenarios of violence, which means that any legislative approach to the issue requires a broad multidisciplinary approach. This new law combats violence against children and adolescents from a comprehensive approach, in an extensive response to the multidimensional nature of its risk factors and consequences. From a didactic perspective, it gives essential priority to prevention, socialisation and education, both among minors and among families and civil society itself. The regulation establishes measures for protection, early detection, assistance, reintegration of violated rights and recovery of the victim, which find their inspiration in the comprehensive models of care identified as good practices in preventing secondary victimisation.
