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Andrea María García Ortiz
El presente trabajo describe la respuesta que proporciona el sistema penal español a las personas con trastornos mentales que cometen delitos. Quienes no se consideren penalmente responsables o a quienes se diagnostique una discapacidad o enfermedad mental grave, no deberían permanecer en prisión. En estos casos, el Código Penal español prevé la imposición de medidas de seguridad, cuyo fin no es el castigo sino prevenir la peligrosidad del autor. Aunque, según el Código Penal, estas medidas pueden ejecutarse en cualquier establecimiento adecuado al tipo de anomalía psíquica que se aprecie, la escasez de recursos en la red psiquiátrica comunitaria ocasiona que estas se cumplan en los dos únicos centros psiquiátricos existentes (los hospitales psiquiátricos penitenciarios de Sevilla y Alicante) e incluso que algunos sujetos sometidos a las mismas se encuentren en las prisiones comunes. Estos reclusos se encuentran desclasificados, por lo que no pueden acceder a permisos de salida ni al tercer grado penitenciario. Por otro lado, la inexistencia de centros o programas a los que derivar a los internos impide también la flexibilidad en la ejecución de las medidas que prevén los artículos 97 y 98 del Código Penal. Como consecuencia de todo ello, la situación de quienes cumplen medidas de seguridad de internamiento psiquiátrico termina resultando más aflictiva que la de quienes cumplen pena de prisión, lo que contradice los principios sobre los que está construido el sistema de penas y medidas en el Código Penal.
This paper aims to describe the response of the Spanish penal system to people with mental disorders who commit crimes. People who are found to be not criminally responsible, or who are later diagnosed with a severe mental disabilities or health conditions, should not be detained in prisons. Spanish Criminal Code provides the imposition of security measures, which are not retributive in nature: the purpose of these criminal safety measures is to prevent the offender from committing crimes in the future. But the lack of resources in the community mental health network is causing that these measures are carried out in the only two prison psychiatric hospitals existing in Spain, and even that some people with mental illness are being held in regular prisons.
Inmates who are subject to security measures in ordinary prisons cannot access prison benefits such as permission to leave the center or the open prison regime. In addition, the lack of community resources precludes the effectiveness of the periodical review of security measures provided in Articles 97 and 98 of the Criminal Code. As a result, inmates subjected to security measures can end up facing more severe custodial conditions that the inmates serving prison terms, which is in contradiction with the sanctioning principles upon which the Criminal Code relies.
