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Juan Luis Quevedo Rodríguez
Toda persona con discapacidad intelectual tiene derecho a recibir un tratamiento rehabilitador e integrador según la atención especializada que requiera.
La existencia de personas con discapacidad intelectual en Centros Penitenciarios constituye un hecho que exige los apoyos adecuados para lograr que estas personas recuperen su capacidad de autovalimiento. Se trata de personas con discapacidad intelectual que se encuentran en situaciones anómalas y de grave desventaja social.
La discapacidad por si misma es evidente que no determina conductas delictivas y como viene observándose en la población general intervienen características personales y circunstancias familiares y sociales como: aislamiento, carencias afectivas, pobreza, marginación, familias y entornos desestructurados.
A través del Programa de Rehabilitación nuestro trabajo va encaminado a aumentar la calidad de vida de estas personas y promover la adquisición de hábitos sociales y laborales que permitan su reinserción en la sociedad.
Especial incidencia en los planes individuales de rehabilitación tiene el trabajo en las habilidades para la vida diaria, habilidades sociales, potenciar la interacción con entornos normalizados y el desarrollo de hábitos ocupacionales y/o laborales. El trabajo con las familias y el análisis del apoyo y contención que ofrecen para la futura excarcelación de estas personas así como la coordinación con los diferentes recursos públicos y privados son aspectos clave de nuestro trabajo.
El retraso mental comporta una mayor indefensión frente a las exigencias de la vida diaria y de la supervivencia en entornos de gran dificultad que sin los apoyos adecuados pueden aumentar las posibilidades de delinquir.
Con la aplicación de este Programa se vislumbra un cambio en las posibilidades reales de rehabilitación y reinserción de estas personas
