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Miguel Gutiérrez Peláez
Desde el inicio de los diálogos de paz de la Habana en el 2012, que son sin lugar a dudas uno de los hitos más importantes de la historia reciente de nuestro país, la psicología se ha posicionado como un interlocutor necesario, activo y propositivo, tanto desde agremiaciones, como el Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic) y la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología (Ascofapsi), como desde las universidades y desde la labor de diversos organismos y las acciones, a veces individuales, de un gran número de psicólogos que laboran e intervienen desde organismos estatales y privados que inciden directamente tanto en la atención y en la elaboración de políticas públicas, protocolos, estrategias de intervención, consultorías, etc. Lo que se ha movilizado socialmente a partir del llamado proceso de paz ha hecho patente, sin embargo, que a pesar del gran número de psicólogos egresados (cerca de 100 000; Colpsic, noviembre, 2016) y en formación que hay en el país, la mayoría carece de las competencias y habilidades para responder a los encargos y demandas sociales actuales. Esto hace patente tanto la gran urgencia y responsabilidad social de la psicología, como la altísima responsabilidad de los programas de psicología, que son los que tienen la tarea de formar a los profesionales de este campo. Se ha hecho evidente, también, que el saber y hacer de la psicología no es un terreno que competa solamente a los psicólogos, sino que tiene una influencia en el entendimiento y campo de acción de otras disciplinas que también intervienen en campos derivados del conflicto armado y su violencia.
