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Madrid, España
En este trabajo se presentan los principales resultados sobre la ejecución de las indemnizaciones a favor de las víctimas, contenidas en sentencias penales de condena de los Juzgados de lo Penal y Audiencia Provincial de Madrid. El objetivo principal es evaluar la eficacia de la reparación económica a la víctima.Madrid es la región autónoma más densamente poblada de España, con 808 habitantes por km2, ocupando la segunda posición (después del País Vasco) en relación con el PIB nominal por habitante, con 29.385 €. Esta comunidad autónoma está dividida en 21 distritos judiciales que se agrupan en cuatro jurisdicciones con respecto a la ejecución, que son: Getafe, Móstoles, Alcalá de Henares y la ciudad de Madrid. Los Juzgados de lo Penal la ciudad de Madrid absorben el 63,9% de la población de la comunidad autónoma, seguidos por los Juzgados de Móstoles con el 12,6%, los Juzgados de Alcalá de Henares con el 12,3% y, finalmente, los Juzgados de Getafe con el 11,1%.El estudio de campo se realizó en dos etapas, octubre de 2015 y octubre de 2016, y la población objetivo está formada por todos los expedientes de ejecutorias de la Comunidad de Madrid desde 2012 hasta 2015, excluyendo delitos menores y delitos relacionados con delitos de tránsito y violencia de género, así como aquellos delitos donde no hubiera víctima. El análisis estadístico se sustenta en dos estudios transversales a partir de dos bases de datos, construidas a partir de la información contenida en los expedientes de ejecutorias. El primero de ellos evalúa el estado de 1449 expedientes durante 2012 en todos los partidos judiciales, mientras que el segundo se centra en 1314 expedientes en los Juzgados de lo Penal de la ciudad de Madrid y de Getafe durante 2014 y en la Audiencia Provincial de Madrid durante 2013-2015. En cada período, los expedientes fueron seleccionados aleatoriamente dentro de cada partido judicial, respetando la segmentación por tipo de delito. Los cupos muestrales se calcularon para que con un nivel de confianza del 95% y, asumiendo la normalidad, las submuestras obtenidas por partido judicial fueron representativas con un error de muestreo inferior al 4%. Este trabajo se basa en el análisis de más de cien variables / factores que fueron registrados por 63 estudiantes en su sexto curso de Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas en la Universidad Carlos III de Madrid, bajo la supervisión de las profesoras Helena Soleto y Rosa Gómez de Liaño (Departamento de Derecho Procesal) y Aurea Grané y Ana Arribas (Departamento de Estadística). Los principales hallazgos son que, en su mayoría, las indemnizaciones dictadas en sentencia ejecutoria en los procedimientos penales no son pagadas por los condenados: a pesar de que los tribunales establecen altas indemnizaciones, tanto en los Juzgados de lo Penal como en la Audiencia Provincial, la mayoría de las víctimas reciben menos de 300€ en concepto de indemnización. Por otro lado, la ayuda económica de la Administración española a las víctimas es casi inexistente. Otros hallazgos relevantes son: Primero, para aquellas personas que acaban cobrando al menos una parte de la indemnización, el período entre la comisión del ilícito y el pago es de aproximadamente 5 años en promedio; En segundo lugar, es más probable que la indemnización se pague cuando la persona condenada no ingresa en prisión; En tercer lugar, en general, no se utilizan mecanismos de seguro de responsabilidad civil; En la fase de investigación, solo se adoptan medidas cautelares en el 15% de los casos. Todas estas situaciones reflejan la violación de los parámetros de justicia europeos con respecto a la reparación a las víctimas.
The present work reflects the main results of the field research on enforcement of criminal judgments in the region of Madrid, the Criminal Courts and the Provincial Court of Madrid. The main objective is to assess victim reparation in cases of individual citizens and legal entities. Madrid is the most populated autonomous region in Spain, with 808 inhabitants per km2, and occupies the second position (after the Basque Country) concerning the nominal GDP per inhabitant, with €29,385. This autonomous region is divided in 21 judicial districts that are grouped in four jurisdiction regarding enforcement, that are: Getafe, Móstoles, Alcalá de Henares and Madrid city. The courts of Madrid city absorb 63.9% of the population of the autonomous region, followed by the courts of Móstoles with 12.6%, the courts of Alcalá de Henares with 12.3% and finally the courts of Getafe with 11.1%. The field study was conducted in two stages, October 2015 and October 2016, and the target population is formed by all criminal files enforced at the autonomous region of Madrid from 2012 to 2015, excluding minor crimes and crimes related to road traffic offences, gender violence and those where there are no victim.The statistical analysis is driven from two databases, constructed from the information contained in the enforcement files, and consists in two cross-sectional studies. The first ones evaluates the status of 1449 files in enforcement during 2012 in all jurisdictions, whereas the second one is focused on 1314 files in enforcement in the city courts of Madrid and Getafe during 2014 and the provincial Court of Madrid during 2013-2015. In each period, the files under study were randomly selected within each judicial district, respecting segmentation per type of crime. Sample quotas were calculated so that with a confidence level of 95%, and assuming normality, the subsamples obtained per judicial district were representative with a sampling error lower than 4% (approx.). This work is based on the analysis of more than a hundred variables/factors that were registered by 63 students in their sixth course of the Double Bachelor in Law and Business Administration at Universidad Carlos III de Madrid, under the supervision of professors Helena Soleto and Rosa Gómez de Liaño (Department of Procedural Law) and Aurea Grané and Ana Arribas (Department of Statistics). The main findings are that the compensation included in the judgment rendered in criminal proceedings are not paid by most of the condemned: despite the courts setting high compensations, both in the Criminal Courts and in the Provincial Court, most of the victims and those wronged receive less than €300 as compensation. On the other hand, the Spanish Administration economic aid to victims is almost inexistent. Other relevant findings are: Firstly, for those people in which at least some part of the compensation is paid, the period between the commission of the crime and the payment is about 5 years on average; Secondly, the compensation is more likely to be paid when the convicted person does not enter in prison; Thirdly, in general, civil liability insurance mechanisms are not used; only in 15% of the precautionary measures are adopted in the investigation phase. All these situations reflect the breach of European justice parameters concerning victims.
