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Francisco Javier Robaina Padrón
La medicina basada en la evidencia no ha podido demostrar todavía las ventajas del tratamiento quirúrgico sobre el conservador en este tipo de pacientes, que presentan lumbalgia y ciática crónica de origen de generativo. Los conflictos de intereses, personales, profesionales o económicos, están planeando continuamente en la patología motivo de nuestro estudio. La reputación de algunos médicos es un valor añadido que algunas compañías desean tener y relacionarla con sus productos. La formación médica continuada es otro aspecto donde los conflictos de intereses pueden estar involucrados, ya que por cada dólar invertido se obtienen beneficios que casi cuadruplican la inversión. Los pacientes, generalmente dejan la decisión sobre la cirugía y la técnica a emplear en manos de sus médicos, sobrestimando los resultados que se obtendrán. Se ha detectado una importante variabilidad en la práctica médica en este tipo de operaciones, entre países similares y entre regiones dentro del mismo país. Los pacientes mayores de 65 años, en ocasiones, asumen muchos riesgos quirúrgicos, bien por el tipo de operación que se les propone, sin emplear las nuevas tecnologías de la cirugía mínimamente invasiva, y sin utilizar adecuadamente el potencial de las técnicas intervencionistas antiálgicas. De la misma forma, asumen un riesgo elevado de complicaciones derivadas del uso de los opiáceos a largo plazo en caso de no ser operados. Los conflictos medicolegales y bioéticos están aflorando cada vez con mayor insistencia en los medios de comunicación y en las revistas especializadas que cuentan con acceso libre en internet. Habrá que prepararse para una avalancha de demandas judiciales que caerá sobre el sistema sanitario en el que trabajamos todos con diferentes grados de implicación. Las instituciones para las que trabajamos y nuestros seguros privados, subsidiariamente, tendrán que hacer frente a todas estas demandas. El marketing fraudulento en el campo del dolor está generando multas multimillonarias. Los resultados de este tipo de cirugía en el campo laboral son muy desalentadores. Son muy pocos los operados que recuperan una capacidad mínima para trabajar o refieren un alto nivel de funcionalidad física después de la operación. La investigación en este campo debe tender a la creación de organismos o consorcios nacionales que controlen y financien la investigación, sin intervención directa de la industria sobre el desarrollo de ésta. El incremento del gasto sanitario hace relevante los mecanismos de evaluación de tecnologías sanitarias. Para racionalizar y contabilizar analíticamente la financiación en la sanidad pública de este tipo de patología y técnicas quirúrgicas, se precisa la generación de nuevos grupos relacionados con el diagnóstico, específicos para dolor crónico, concretamente, para la cirugía instrumentada de columna lumbar en la enfermedad degenerativa. Las administraciones sanitarias, central y/o autonómica, son las responsables de estimular la creación de vías y guías clínicas para el manejo de estos pacientes, tanto en la medicina primaria como en la especializada. La acreditación de las unidades multidisciplinarias del dolor por parte de la Administración es una necesidad imperiosa, sobre todo en los hospitales generales donde se realice cirugía de columna instrumentada. La dotación necesaria de personal y tecnología de estas unidades deben ser las adecuadas, y están perfectamente definidas por las correspondientes sociedades científicas nacionales e internacionales.
Evidence-based medicine has still not been able to demonstrate the advantages of surgical treatment over medical therapy in patients with chronic degenerative lumbar and sciatic pain. Personal, professional and economic conflicts are involved in this disorder, and are the subject of the present article. The reputation of certain physicians is seen as a desirable asset by some companies that would like to associate it with their products. Continuing medical training is another area that can involve conflicts of interest, since every dollar invested returns a benefit of almost four-fold. Patients generally leave decisions on surgery and the technique to be used in the hands of their physicians, overestimating the results that will be obtained. Wide variability in medical practice in fusion surgery has been detected among similar countries and among regions within the same country. Patients older than 65 years can sometimes accept high surgical risk, either because of the type of intervention proposed, without using the new technologies of minimally-invasive surgery and without taking full advantage of interventionist antialgic techniques. Likewise, patients also accept a high risk of complications resulting from the long-term use of opioids when surgery is not performed. Medico-legal and bioethical conflicts are proliferating both in the media and in specialized journals with free online access. An avalanche of lawsuits can be expected against the health service that employs us. These lawsuits will affect not only physicians but also the institutions where we work and, subsidiarily, our private insurance policies. Fraudulent marketing in the field of pain is generating multimillion fines. The results of this type of surgery in terms of occupational recovery are highly discouraging. Very few patients recover minimal capacity to work or report a high level of physical functioning after the intervention. Research in this field should focus on the creation or organisms or national consortiums to control and fund research, which should be free of the direct involvement of industry. Because of the increase in health expenditure, mechanisms for the evaluation of health technologies are important. To rationalize and perform cost accounting of funding in public health services for this disorder and surgical techniques, new diagnosis-related groups (DRG) should be created specifically for chronic pain and, in particular, for fusion surgery in the degenerative spine. It falls to the central and/or autonomic health services to stimulate the creation of clinical pathways or guidelines for the management of these patients, both in primary and specialized care. The accreditation of Multidisciplinary Pain Units by the health service is urgently required, especially in general hospitals where spinal fusion surgery is performed. Adequate staff and technical resources should be available in these units and should be clearly defined by the corresponding national and international scientific societies.
