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Javier Pallarés Neila
Después de las sentencias del Tribunal constitucional de diciembre del 2010 y de julio del2012, el legislador español se encuentra obligado a reformar la regulación del denominado "internamiento involuntario por razón de trastorno psíquico". En este artículo se promueve que dicha reforma parta como punto de referencia de la noción clínica del tratamiento médico, en conformidad con las normas y principios internacionales propugnados desde la Organización Mundial de la Salud, prescindiendo de la utilización del término de internamiento involuntario, ya que atrae unas connotaciones prejuiciosas que en nada ayudan a romper con el estigma que padecen las personas con trastorno mental y tiene además unas repercusiones jurídicas, penales y constitucionales, de obligado cumplimiento. Se examinan, asimismo, las normas del ordenamiento jurídico español, sobre el tratamiento en salud mental, en las que la reforma puede sustentarse sin necesidad de crear una legislación especial: Ley General de Sanidad, El Convenio para la protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina y Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica y se proponen las bases o principios desde los que podría acometerse la modificación en estas materias
Following the judgments of the Constitutional Court in December 2010 and July 2012 the Spanish legislator is obliged to reform the regulation of the so-called "involuntary confinement on grounds of mental disorder". This article promotes that this reform uses the clinical notion of medical treatment as a reference point, in accordance with the international rules and principles advocated by the World Health Organization. It is supported that the term involuntary confinement is no longer used since it draws prejudicial connotations that do nothing to help break the stigma experienced by people with mental disorder and it has additional legal, criminal and constitutional mandatory implications. They are examined the rules of the Spanish legal system on mental health treatment, which can sustain the reform without creating special legislation: General Health Law, the Convention for the Protection of Human Rights and dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine and Basic Law regulating patient autonomy and rights and obligations of information and clinical documentation and it is proposed the bases or principles from which the modification could be undertaken in these matters.
