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La configuración del Estado Terrorista a partir de 1976 en la Argentina convalidó la práctica sistemática de la tortura, la autorización policial para matar en lugar de capturar a las personas vivas, las represiones colectivas y el crimen político. La naturalización de esta violencia a través de la inoculación del �terror� facilitó durante estos años un comportamiento social basado en la sospecha y segregación de la víctima que alimentó la �negación� del horror;
luego �una vez recuperada la democracia- la debilidad política de los nuevos gobiernos hizo que se aceptara pagar determinados costos en función de la gobernabilidad, comprometiendo con ello insalvables contradicciones en el plano de la institucionalidad ética de la política y la defensa de los derechos humanos. El silencio y el olvido fueron componentes necesarios de la impunidad penal y la impunidad moral que tuvo lugar en la Argentina durante la transición democrática
