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La Ley pretende ser una disposición sencilla, en la que junto con el reconocimiento del profesorado como autoridad pública, recoja el marco general del régimen disciplinario en los centros docentes y la obligación de reparar daños, completando así todas las actuaciones en materia de convivencia escolar iniciadas en el año 2004. Está prevista su inmediata tramitación.
