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María Dolores García, Eduardo Martín Cabrera, Ángela Torbay Betancor, María del Carmen Rodríguez Jiménez
La entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, ha supuesto un cambio en la intervención que se desarrolla con los menores infractores, en el sentido de que se promueve la fi nalidad educativa y reparadora de las medidas. No obstante, la focalización de los medios de comunicación en los casos más graves ha generado una considerable alarma social. El objetivo de este trabajo es conocer la valoración social de la Ley 5/2000. Para ello, se encuestó a una muestra de 936 personas en la comunidad autónoma de Canarias. Los principales resultados indican que existe un gran desconocimiento de la Ley, y que se tiende a pensar que las medidas que se toman no son tan efectivas como manifi estan los estudios realizados al respecto. No obstante, los encuestados se muestran más favorables a las medidas de tipo educativo que a las sancionadoras. Estos resultados se discuten en función de la importancia que los factores comunitarios tienen en el abordaje de la delincuencia juvenil, concretamente en su poder de presión social para modifi car la legislación, y en la asunción de responsabilidad por parte de la comunidad en la reinserción de los menores infractores.
