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La posibilidad de que las universidades realicen adaptaciones curriculares a los estudiantes que presentan necesidades especiales es una cuestión controvertida, fundamentalmente cuando se trata de la adaptación de parte del currículum formativo de los estudiantes, es decir, de los contenidos de las asignaturas o de las prácticas que deben cursar de forma obligatoria para la obtención de un título universitario. Aunque no hay ninguna norma que regule directamente esta materia, de los derechos a la igualdad de oportunidades y a la educación de las personas que presenten necesidades especiales, reconocidos en la Constitución Española, en los artículos 9.2, 10, 14 y 49 y, en general, de los principios y valores del Estado social, se deduce no sólo la admisibilidad de las adaptaciones curriculares significativas en el ámbito universitario, sino la existencia de un derecho subjetivo en tal sentido y el correlativo deber de las universidades de llevar a cabo esta actividad. Además, la misma conclusión puede deducirse de las leyes y demás normas que han desarrollado tales principios y valores, tanto a efectos generales como en el ámbito de la educación, así como de los tratados internacionales de los que España es parte. En consecuencia, la adaptación curricular será el instrumento normalmente más adecuado para adaptar el sistema general de aprendizaje y evaluación de una o varias materias a las situaciones particulares de cada estudiante, sin que ello vaya en detrimento de la formación ni de la adquisición de habilidades o competencias de la persona con discapacidad.
