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La protección de la familia y de los menores en la Constitución española de 1978 ha impulsado necesariamente cambios en nuestra legislación, tanto estatal como autonómica. En consecuencia España ha adquirido nuevos compromisos en la comunidad internacional a través de la ratificación de diversos tratados. También en el ámbito interno se suceden las reformas legislativas, con el fin de adaptarse al nuevo orden social, económico y político. Era imprescindible un Código Penal que sustituyese al Código decimonónico, ya que ese cuerpo legal es el que tutela los valores y principios básicos de la convivencia social; cuando esos valores cambian, también ha de hacerlo el conjunto de las normas penales. El Código Penal de 1995 no olvida la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas de los menores, que tal vez pueden ser las víctimas más vulnerables de delitos y faltas. Este artículo analiza las numerosas medidas tuitivas que en él se han adoptado
