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María Contreras Román
La posibilidad de renunciar al procedimiento penal cuando el sujeto que aparece investigado o imputado es un extranjero con orden administrativa de expulsión pendiente de ejecución está recogida en nuestro ordenamiento jurídico en el art. 57.7 de la Ley de Extranjería. Pese a la excepcionalidad que representa en nuestro sistema esta fusión entre política migratoria y política criminal, no existe ningún trabajo empírico que haya tratado de profundizar sobre cómo se está llevando a cabo su aplicación, ni tampoco sobre las características de los delitos o el perfil de las personas sobre las que recae. Con intención de llenar ese vacío de conocimiento, se ha procedido al estudio en profundidad de una muestra de expedientes judiciales procedentes de los juzgados de Málaga en los que se solicitó la renuncia penal en favor de la expulsión administrativa. Los resultados revelan un conjunto de disfunciones que hacen cuestionar tanto su eficacia como su legalidad. Se discuten las implicaciones legales y criminológicas.
Renouncing to criminal procedure when the offender is a foreigner with an administrative deportation order pending of execution is provided in Spanish Immigration Law (art. 57.7). Despite the exceptional nature of this convergence of immigration and criminal policy, there is no empirical work about how its application is being carried out, or the characteristics of the crimes and the profile of the people it affects. In order to fill this gap of knowledge we present a qualitative research carried out with judicial files of Malaga Courts. The results reveal a set of dysfunctions that raise questions about it legality and it effectiveness. Legal and criminological questions are discussed.
