Acceso usuarios
Ignacio Martín-Baró
El artículo, redactado hacia 1981, pretende mostrar que el proyecto político que se estaba implementando en El Salvador conllevaba prácticas genocidas por parte del régimen. La práctica genocida consiste en el exterminio sistemático e intencional, total o parcial, que un gobierno ejecuta contra un grupo por razones étnicas, raciales o religiosas, según lo afirma la Convención de las Naciones Unidas sobre el Crimen de Genocidio, ratificada por el gobierno salvadoreño en 1948. El autor argumenta sobre la necesidad de ampliar el término a fin de que lo religioso se extienda a lo ideológico y, dentro de lo ideológico, considerar al grupo que denomina “oposición política” como sujeto de exterminio. Hechas estas definiciones de tipo formal, muestra que, cuantitativamente, los niveles de asesinatos políticos cometidos por el régimen son tales que se aproximan a niveles de exterminio. Cualitativamente la población que está siendo exterminada tiene como denominador común, una declarada oposición al régimen, o bien, una supuesta oposición que el régimen le ha atribuido. En este sentido, el exterminio es sistemático. Acto seguido argumenta sobre la intencionalidad del exterminio, basándose en que el exterminio ha sido diseñado y que se pueden apreciar los avances de acuerdo al diseño, y que éste intenta estar legitimado y justificado. Concluye que la responsabilidad del exterminio recae tanto sobre el gobierno de los Estados Unidos de América como impulsor y asesor principal del diseño, so pretexto de impedir el avance del comunismo y el extremismo en la cuenca del Caribe; sobre la Fuerza Armada Salvadoreña y las bandas paramilitares bajo su control, como los ejecutores principales del exterminio;
y sobre el Partido Demócrata Cristiano, por ser cómplice de los anteriores en su carácter de justificador del proyecto genocida.
This article, written around 1981, aims to show that the political project being implemented in El Salvador involved genocidal practices on the part of the regime. A genocidal practice consists of the systematic and intentional extermination, total or partial, carried out by a government against a group for ethnic, racial, or religious reasons, as stated in the United Nations Convention on the Crime of Genocide, ratified by the Salvadoran government in 1948. The author argues for the need to broaden the term so to extend the religious to the ideological and, within the ideological, to consider the group he calls the “political opposition” as subject to extermination. With these formal definitions, it shows that, quantitatively, the levels of political murders committed by the regime are such that they approach levels of extermination.
Qualitatively, the population being exterminated has as a common denominator: a declared opposition to the regime, or rather, a supposed opposition perceived by the regime. In this sense, the extermination is systematic. He then argues about the intentionality of the extermination, based on the fact that the extermination has been designed and that one can detect the progress of the designed project, and that there is an attempt to legitimize and justify it. He concludes that responsibility for the extermination falls both on the United States government, as the main promoter and advisor of the design, under the pretext of preventing the advance of communism and extremism in the Caribbean basin; on the Salvadoran Armed Forces and the paramilitary groups under their control, as the main executors of the extermination; and on the Christian Democratic Party, as an accomplice of the former in its role as justifier of the genocidal project.
